PUBLICIDAD
La pensión sigue pagándose, pero al establecer la residencia permanente en España suelen cambiar los impuestos, el seguro médico y las competencias legales. Para los residentes internacionales en la Costa Blanca hay algunos aspectos que pueden tener un impacto financiero considerable.
Quizá ya hayas comprado hace tiempo la casa en la Costa Blanca y la jubilación esté a la vuelta de la esquina. La pensión sigue procediendo de tu país de origen. Pero, a más tardar, cuando presentes tu primera declaración de la renta en España, te darás cuenta de que, con el cambio de residencia, también cambian las reglas del juego.
El hecho de que las prestaciones por jubilación procedan del Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia o cualquier otro país puede suponer diferencias considerables. Esto afecta tanto a la fiscalidad como al seguro médico y a las posibles prestaciones asistenciales.
Muchas pensiones de jubilación públicas y de empresa siguen pagándose incluso si se tiene la residencia permanente en España. Lo determinante son la normativa del país de origen y el tipo de pensión en cuestión.
Hay que informar a la entidad gestora de la pensión del cambio de domicilio. En ese momento, conviene aclarar los datos bancarios, los posibles certificados de vida y las prestaciones complementarias. No todas las ayudas y prestaciones sociales se abonan en el extranjero.
En el caso de las pensiones en libras esterlinas, francos suizos u otras divisas extranjeras, el tipo de cambio también influye en el importe mensual en euros. Pueden aplicarse normas adicionales a los planes de pensiones privados y a los pagos únicos de capital.
Quienes viven de forma permanente en la Costa Blanca suelen tener también su residencia fiscal en España. Esto se aplica, en particular, cuando la estancia supera los 183 días en el año natural o cuando el centro de los intereses económicos se encuentra en España.
Por regla general, los residentes fiscales deben incluir sus ingresos mundiales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) español. Entre ellos pueden figurar las pensiones, los ingresos por alquiler y los rendimientos del capital.
El convenio de doble imposición correspondiente establece si España puede gravar efectivamente una pensión concreta. Así, las pensiones de la Seguridad Social, las pensiones de empresa y las pensiones de la función pública pueden recibir un trato diferente.
Quien hasta ahora haya percibido 2.000 euros netos al mes no puede dar por sentado automáticamente que recibirá la misma cantidad en España. La carga fiscal puede variar.
Muchas entidades extranjeras que abonan pensiones no retienen el impuesto sobre la renta español. El dinero se transfiere en un primer momento, pero es posible que haya que abonar una cuota adicional al presentar la declaración anual de la renta.
Es recomendable realizar un cálculo fiscal personalizado, sobre todo en caso de percibir varias pensiones, ingresos adicionales o un cambio de domicilio durante el año.
CBM SERVICE · EJERCICIO FISCAL 2026
En la Comunidad Valenciana, el impuesto sobre la renta se compone de una parte estatal y otra regional.
Importe mínimo personal – parte regional
Edad | Importe anual |
Hasta los 65 años, ambos inclusive | 6.105 € |
De 66 a 75 años | 7.370 € |
A partir de los 76 años | 8.910 € |
Estas cantidades mínimas personales no son límites globales de exención fiscal para las pensiones. Para la parte estatal se aplican cantidades mínimas específicas.
Tipos impositivos regionales del IRPF para 2026
Base imponible general | tipo impositivo |
Hasta 12 000 € | 8,80 % |
12 000–22 000 € | 11,70 % |
22 000–32 000 € | 14,60 % |
32 000–42 000 € | 17,00 % |
42 000–52 000 € | 19,40 % |
52 000–62 000 € | 21,90 % |
62 000–72 000 € | 24,40 % |
72 000–100 000 € | 26,10 % |
100 000-150 000 € | 27,35 % |
150 000–200 000 € | 28,35 % |
Más de 200 000 € | 29,35 % |
A esto hay que añadir la parte estatal, con tipos impositivos que oscilan entre el 9,5 % y el 24,5 %. El impuesto se calcula de forma progresiva: el tipo impositivo más alto solo se aplica a la parte correspondiente de los ingresos.
Fuente: Ley 13/1997 y Ley 5/2026. Para 2027 están previstas nuevas adaptaciones tarifarias regionales.
Para muchos jubilados de países de la UE y de otros países con los correspondientes convenios de seguridad social, el procedimiento S1 les permite acceder a la asistencia sanitaria pública en España.
En este caso, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes, la competencia en materia de seguro médico recae en otro Estado, mientras que la asistencia sanitaria se presta a través del sistema sanitario español. El documento S1 se solicita a la entidad aseguradora competente y, posteriormente, se registra en España.
En el caso de los jubilados británicos, pueden aplicarse los acuerdos correspondientes. Quienes perciban pensiones de varios países o tengan derechos de seguro propios en España deben aclarar por separado la competencia en la materia.
En la Costa Blanca, la asistencia sanitaria pública corre a cargo del sistema sanitario de la Generalitat Valenciana. El primer punto de contacto suele ser el centro de salud correspondiente. Las citas con especialistas, las derivaciones y los copagos de medicamentos pueden regirse de forma diferente a como ocurre en el país de origen.
Las personas que necesiten medicación de forma habitual deben traer consigo los informes médicos y las listas de principios activos. Las personas con seguro privado deben comprobar si su póliza cubre la residencia permanente en España. La Tarjeta Sanitaria Europea por sí sola no es suficiente para ello.
Los ciudadanos de la UE pueden establecerse en España en virtud de la libre circulación. Si su estancia supera los tres meses, deben darse de alta. Los jubilados que no ejercen ninguna actividad laboral deben disponer, entre otras cosas, de recursos económicos suficientes y de una cobertura sanitaria completa.
A los nacionales de otros Estados del EEE y de Suiza se les aplican derechos de residencia similares. Los británicos que no cuenten con los derechos correspondientes derivados del Acuerdo de Retirada del Brexit y otros nacionales de terceros países necesitan, en principio, un permiso de residencia adecuado. Para los jubilados, por ejemplo, puede ser una opción la «Residencia no lucrativa».
Además, es necesario inscribirse en el ayuntamiento (empadronamiento). El NIE, por su parte, es simplemente un número de identificación y no sustituye ni al empadronamiento ni a un permiso de residencia obligatorio.
No es necesario renunciar a las cuentas bancarias, los inmuebles y las inversiones en el país de origen al mudarse. Sin embargo, esto puede dar lugar a obligaciones de declaración adicionales en España.
A través del Modelo 720, pueden estar sujetas a declaración las cuentas en el extranjero, los inmuebles, los valores y determinados seguros. El umbral general es de 50 000 euros por categoría patrimonial.
En el caso de patrimonios más cuantiosos, también puede ser aplicable el impuesto sobre el patrimonio español. En este sentido, también se aplican las disposiciones regionales de la Comunitat Valenciana.
Las ventas de inmuebles y los desembolsos importantes de capital merecen una atención especial. Tras el cambio de residencia, pueden tener consecuencias fiscales diferentes a las anteriores.
Mientras se goza de buena salud y se tiene movilidad, la necesidad de cuidados parece algo muy lejano. Sin embargo, los derechos adquiridos a una prestación por cuidados u otras prestaciones del país de origen no se mantienen necesariamente en caso de traslado.
España cuenta con su propio sistema de ayudas, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En función de la clasificación y los requisitos, este sistema incluye, por ejemplo, ayuda a domicilio, atención diurna y centros de asistencia.
Según la normativa general española, se exige, por regla general, un período de residencia de cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. A este respecto, deben tenerse en cuenta las normas de coordinación internacional y las excepciones legales.
En la Comunidad Valenciana, los Servicios Sociales municipales son el primer punto de contacto. Si no se tiene derecho a recibir ayudas públicas, es posible que, en un primer momento, la asistencia a domicilio o una plaza en un centro de cuidados deban financiarse de forma privada.
Los gastos de vivienda influyen en la cantidad de pensión que queda disponible. Incluso una vivienda libre de deudas conlleva gastos como el impuesto sobre bienes inmuebles, los gastos de comunidad, los seguros, el mantenimiento y posibles cuotas extraordinarias.
Sin embargo, en la vejez no solo cuenta el precio. Un piso sin ascensor, una casa en una ladera o una urbanización muy alejada del centro de la localidad pueden suponer un problema cuando ya no se puede conducir.
La infraestructura y la accesibilidad varían entre Dénia, Jávea, Calpe, Altea, Benidorm, Torrevieja y los municipios del interior. Por ello, la proximidad a centros de salud, comercios y transporte público merece al menos tanta atención como las vistas al mar.
El hecho de tener la residencia habitual en España también puede suponer cambios en el marco normativo del Derecho sucesorio.
Según el Reglamento europeo sobre sucesiones, se aplica, por regla general, la legislación del Estado en el que el fallecido tenía su última residencia habitual. En determinadas circunstancias, es posible elegir mediante testamento la legislación del Estado del que se es nacional.
En caso de poseer inmuebles o patrimonio en varios países, conviene revisar los testamentos existentes. Asimismo, los poderes preventivos y los testamentos vitales deben ser aplicables en la práctica en España en caso de emergencia.
En lo que respecta al pago de las pensiones, la entidad gestora del país de origen sigue siendo la responsable. La Agencia Tributaria ofrece información sobre las obligaciones fiscales en España. Si tienes alguna duda sobre el seguro médico, lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con tu entidad aseguradora actual.
En la Costa Blanca, los ayuntamientos son los encargados del registro municipal. La Conselleria de Sanitat ofrece información sobre la asistencia sanitaria, mientras que los Servicios Sociales locales prestan ayuda en cuestiones relacionadas con los cuidados.
Puntos de información oficiales:
Al fin y al cabo, la jubilación en la Costa Blanca no debería pasarse sentada ante el escritorio, entre liquidaciones fiscales, formularios de seguros y correspondencia administrativa. Quien se ocupe de estos asuntos a tiempo, tendrá más tiempo después para dedicarse a aquello por lo que vive aquí.
PUBLICIDAD
