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El Gobierno español vuelve a intervenir en el mercado del alquiler, con consecuencias directas para los residentes en la Costa Blanca. Un Real Decreto-ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de marzo limita el aumento de los alquileres existentes a un máximo del dos por ciento con efecto inmediato. La norma se aplica con independencia del tamaño del arrendador y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027.
Esto significa que los contratos de alquiler existentes o a punto de expirar están sujetos a los nuevos requisitos. El factor decisivo es el momento de la prórroga o adaptación, no la celebración del contrato original.
El decreto también prevé la prórroga automática de los contratos de alquiler existentes. Los contratos que venzan en 2026 o 2027 podrán prorrogarse hasta dos años. Para los inquilinos, esto significa sobre todo estabilidad a corto plazo en un mercado que también lleva años bajo presión en la Costa Blanca.
La evolución es especialmente notable en las regiones muy solicitadas entre Dénia y Villajoyosa: demanda creciente, oferta limitada y precios en continuo aumento, tanto en el segmento de la compra como en el del alquiler.
El límite máximo fijado del dos por ciento se sitúa ligeramente por debajo del valor de referencia actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo índice de alquileres se situaba recientemente en torno al 2,16 por ciento. Esto significa que el ajuste se mantiene deliberadamente por debajo de la tendencia general de los precios.
El Gobierno justifica la medida por la tensa situación del mercado inmobiliario y el aumento del coste de la vida. Los precios de la energía, la inflación y la evolución internacional aumentan la presión sobre los hogares, incluso en regiones con una elevada proporción de residentes extranjeros, como la Costa Blanca Norte.
El objetivo es limitar la carga de los gastos de vivienda. A título orientativo, el Gobierno ha fijado un porcentaje máximo de alrededor del 30% de los ingresos familiares para el alquiler y los gastos accesorios.
Mientras que los inquilinos se benefician de una mayor seguridad urbanística a corto plazo, el debate sobre la rentabilidad y la normativa se intensifica para propietarios e inversores. Especialmente en mercados dinámicos como el de la Costa Blanca, es probable que esta evolución repercuta en la estructura de la oferta y en las decisiones de inversión.