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¿Se va de vacaciones? Sí, pero con papeles, por favor. El 2 de diciembre entró en vigor el nuevo registro de viajeros del Ministerio del Interior español. El objetivo: más seguridad, pero la forma de conseguirlo es burocrática y controvertida. El sector turístico en particular se había opuesto con vehemencia a la nueva normativa, pero su resistencia no tuvo éxito. Ahora, huéspedes y anfitriones tienen que estar preparados para una amplia recopilación de datos.
¿A quién afecta el registro?
Las disposiciones del Real Decreto 933/2021 se dirigen a casi todos los agentes del negocio turístico. Hoteles, apartamentos turísticos, campings, operadores turísticos e incluso plataformas como Airbnb deben cumplir la nueva normativa. El alquiler de coches sin conductor también se ve afectado -aunque los taxis y los servicios de chófer están exentos-.
¿Qué se exige a los viajeros?
¿Un simple check-in? Eso era antes. A partir de ahora, los viajeros deberán facilitar información personal detallada, como
En resumenTu anfitrión sabrá más de ti que tus amigos más íntimos.
¿Y los proveedores?
Los requisitos no acaban con el viajero. Los proveedores y agentes de alojamiento también deben facilitar información sobre los detalles de la reserva, los métodos de pago e incluso la identidad del titular de la tarjeta. Ya sea con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o PayPal, toda transacción queda documentada. Incluso pueden solicitarse los números IBAN o las fechas de caducidad de las tarjetas de crédito.
Estos datos se transmiten directamente a las autoridades a través de la plataforma SES.Hospedajes. La finalidad: prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado.
Burocracia vs. felicidad en vacaciones
El sector turístico, y en particular la asociación hotelera Hosbec, está todo menos entusiasmado. La acusación: una carga innecesaria para los proveedores y una posible invasión de la intimidad de los viajeros. Hosbec ya está estudiando acciones legales contra la nueva normativa.
Un compromiso ¿sin un ganador?
La nueva normativa puede resolver problemas de seguridad, pero también plantea interrogantes: ¿Se replantearán pronto los viajeros sus planes de vacaciones al aumentar el gasto? ¿Y cómo harán frente los pequeños proveedores a los requisitos adicionales? Sólo una cosa es segura: las reservas de vacaciones en España han cambiado radicalmente, y no necesariamente en beneficio de los interesados.