El llamado impuesto de salida afecta a todos aquellos que posean acciones en sociedades y trasladen su lugar de residencia de un Estado miembro de la UE a otro. En el futuro, las „plusvalías diferidas“ -es decir, los beneficios que aún no se han realizado- deberán reconocerse inmediatamente a efectos fiscales.
Directiva de la UE como base
Esto se basa en la Directiva de la UE contra la elusión fiscal (ATAD, 2016/1164/UE). El artículo 5 permite a los Estados miembros gravar las plusvalías generadas en el país de salida.
Al mismo tiempo, la directiva obliga a los países a permitir el pago en plazos de al menos cinco años para no restringir indebidamente la libertad de establecimiento en la UE.
España como país objetivo
Quien traslada su residencia a España no está sujeto inicialmente allí a ningún impuesto de salida adicional. El factor decisivo es el país de origen: el impuesto ya se devenga antes del traslado, aunque no se vendan las inversiones. Tras el traslado, se aplican las normas fiscales españolas sobre la renta y el patrimonio (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF). Para evitar la doble imposición, se aplican los respectivos convenios de doble imposición, como el convenio entre Alemania y España (DTA, 2012).
Alemania como ejemplo
Alemania ha transpuesto los requisitos de la ATAD a la legislación nacional con la Ley de Aplicación de la ATAD (2021). La norma central es el artículo 6 de la Ley de Fiscalidad Exterior (AStG):
- Tributación a la salida de una participación de al menos 1%.
- Se acabó el aplazamiento ilimitado: en su lugar, sólo pagos fraccionados sin intereses durante siete años (art. 6 (4) AStG).
- Las autoridades fiscales pueden exigir garantías y decidir en cada caso si se concede el pago a plazos.
Para los emigrantes a España, esto significa que incluso salir de Alemania desencadena una carga fiscal sin que se haya pagado realmente ningún dinero.
Controversia según la legislación europea
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha aclarado en repetidas ocasiones que la imposición inmediata a la salida puede restringir la libertad de establecimiento (asuntos C-9/02 „Lasteyrie du Saillant“ y C-371/10 „National Grid Indus“). Aunque el TJCE acepta el impuesto de salida per se, exige modelos de pago a plazos equitativos. Por lo tanto, la cuestión de si las últimas medidas de endurecimiento adoptadas en los distintos Estados miembros se ajustan a la legislación europea será objeto de un nuevo examen judicial.
¿Qué significa esto para los residentes en España?
- La planificación es esencial: cualquier persona que se traslade a España desde un país de la UE con imposición de salida debe comprobar ya las consecuencias fiscales en su país de origen.
- Garantizar la liquidez: Como el impuesto puede surgir de inmediato, hay que disponer de reservas o modelos de financiación.
- Evitar la doble imposición: La interacción entre el país de origen, España y los convenios de doble imposición es compleja: es imprescindible contar con asesoramiento profesional.
- No pierda de vista la situación jurídica: Los tribunales nacionales y el TJCE decidirán sobre la admisibilidad de las normas más estrictas en los próximos años.
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